María Fernanda Cabrera*

Como resultado de una reñida contienda electoral, Iván Duque logró posesionarse como presidente de nuestro país el 7 de Agosto de 2018; luego de estar más de un año en el cargo, ha sido evidente que él, en representación de la "derecha" colombiana, impulsa una política de gobierno en la que claramente no prima la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La anterior afirmación encuentra su sustento en la ola de violencia que atraviesa el país, y que se caracteriza por reprimir a quienes buscan garantías sobre sus derechos, con esto no quiero hacer ver como único responsable a nuestro mandatario, pues en sí, lo que él personifica es la ideología de una clase política que trabaja en pro de intereses que muchos encontramos cuestionables.

No se puede desconocer que gran cantidad de personas con cierto pensamiento guerrerista, sienten inclinación por aquellas ideas que reproduce el partido de gobierno, lamentablemente algunos de estos individuos son quienes conforman la fuerza pública de nuestro país; el motivo de este lamento, no pretende atacar a quienes de forma autónoma han construido una postura a fin con la derecha, sino más bien a aquellos que usan argumentos basados en este tipo de ideología, para reprimir y violentar al pueblo que reclama el bien común haciendo uso de la protesta social.

En efecto, una de las funciones de la fuerza pública es mantener el orden, pero esto de ninguna manera encuentra relación con los actos represivos que han sido protagonistas de las últimas manifestaciones, sobre las cuales es importante resaltar que en un principio se tornaban y calificaban como pacíficas. Las actuaciones, específicamente las del ESMAD, han sido totalmente desproporcionadas, con esto busco enfatizar que no se deben aceptar los ataques contra civiles, que se dan en el marco de la protesta social, pues es más que evidente que los asistentes a dichas manifestaciones no acuden a ellas con los elementos necesarios para protegerse de los abusos de la fuerza pública, ni tienen el deber de soportar el uso desmedido de la fuerza por el hecho de ejercer un derecho protegido constitucionalmente, así como lo es el derecho a la manifestación pacífica.

En conclusión, se puede afirmar que la ideología del Gobierno Nacional respalda el uso desmedido de la fuerza pública en contra de la protesta social, esto se ve y se aprecia de forma indirecta en la necesidad de ciertos grupos sociales y políticos de deslegitimar muchas de las manifestaciones, y por otro lado, en la iniciativa de algunos partidos políticos de “regular” la protesta social por la vía legislativa.

María Fernanda Cabrera*
Estudiante de Derecho
Universidad Santo Tomás

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.
ARTE-FACTO Revista de Estudiantes de Humanidades. ISSN 2619-421X (en línea) octubre de 2019 No. 12