Nathaly Quintero Meza*
Cuando se habla de Colombia es común reconocerlo por ser hasta hace poco, “el país más feliz del mundo”, un cliché que para muchos representaba un atributo insignia en el exterior vendiendo una imagen de un país que, a pesar de ser tercermundista se destaca por aspectos como su fauna, su flora, el significado cultural proporcionado por diversas comunidades a lo largo del país, y claro; su riqueza en recursos naturales que durante años ha brindado apoyo a empresas interesadas en saquear estos mismos generando daños irreversibles a nivel ambiental, cultural e incluso humano.
Por lo anterior, la realidad de miles de estos territorios es mucho más tétrica y cruel de lo que se muestra en los medios, pues no sólo se goza de felicidad, mujeres esculturales y café; también existen problemáticas que sus habitantes han tomado como situaciones cotidianas que a través del tiempo perdieron importancia y pasaron a ser solo noticias que tras pocos días en un periódico amarillista, se convierten en un simple recuerdo, dando paso a lo que la “ONG Global Witness clasificó como el país más mortífero del mundo para activistas medioambientales” (Angel. 2021, p. 4).
Es entonces, en consecuencia a lo descrito previamente, que se busca evidenciar por medio de este texto, la repercusión y vulnerabilidad a la que se han visto expuestos durante muchos años los líderes ambientales al defender sus recursos y territorios y el cómo se les han arrebatado algunos de sus derechos más básicos, así como la manera nefasta en la que el Estado actúa, dejando impune la mayoría de casos donde miles de colombianos pierden la vida cada año y que teniendo en cuenta algunas cifras recientes, en Colombia para el año 2020 según datos proporcionados por la organización ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), existe un promedio de 6 a 10 asesinatos semanales (en meses de confinamiento), cifra que tras los siguientes seis meses transcurridos ha venido en ascenso (Castro et al. 2020, p. 2-4). Pero, ¿de dónde surge la necesidad de estas comunidades por defender estos territorios?; en un inicio, y según lo planteado por Locke donde describe de forma explícita que el hombre al gozar libremente de los recursos y bienes brindados por la naturaleza, está así mismo, en plena libertad de hacer uso de sus capacidades y su persona, permitiéndose transformarlo gracias al trabajo y labor ejercida por sí mismo y logrando así, que por añadidura a sus habilidades, ese algo que transformó, pase a ser de su propiedad (Cortés, 2010) donde “nadie, salvo él mismo, puede tener ningún derecho sobre aquello a lo que se encuentra unido” (Locke, 1991 como se citó en Cortés 2010 p. 112). De allí se fundamenta la necesidad de miles de activistas ambientales por proteger y dar el valor que merecen cada uno de estos sitios, así como también las comunidades que habitan allí, y que por años han sido trabajados y cuidados por estas mismas comunidades. Sin embargo, en un modelo político de esta índole, es relevante recalcar que existen y son claras las desigualdades que el dinero marca en un territorio, en donde al tener acceso a dicho recurso, el término de propiedad privada estipulado por la ley natural se ve opacado por intereses económicos más grandes por parte tanto del Estado, como de grupos ilegales, y claro está, de empresas de gran alcance e impacto en el país; pasando a un segundo plano tanto la ética y la moral, como también lo que fue la tercera restricción que redacta Locke en la que explica que la apropiación de tierras debería ser de manera voluntaria y con un intercambio de dicho terreno por algún excedente a cambio; lo anterior sin causar perjuicio a nadie (Locke, 1991 como se citó en Cortés 2010 p. 115).
Entendiendo esto, es clave ejemplificar de cierta manera dicha teoría en lo que hoy por hoy representa una de las principales problemáticas que repercuten de manera directa en los terrenos que hacen parte de la propiedad privada de estos líderes ambientalistas y de miles de personas, conocida como el extractivismo, que definido brevemente por Gudynas (2010) representa “la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados, o procesados en forma limitada, para ser exportados al exterior” (p.4). Aspecto, que como era de esperarse, es una práctica de gran relevancia en territorios colombianos puesto “que ha dejado como legado en Colombia, élites sociales que dominan el poder, minorías étnicas excluidas de los planes de desarrollo del Estado, formas económicas que rayan con la ilegalidad toda vez que aprovechan la laxitud y la negligencia del estado”. (Bohórquez, 2013, p. 15). Es por ello que, por un tiempo prolongado en Colombia, múltiples empresas han explotado recursos de manera masiva e irresponsable, así como también han atentado contra la vida, derechos e integridad de personas localizadas en territorios ricos en recursos naturales.
Para ilustrar, tal es el caso del departamento del Cauca en donde se ha implementado un modelo extractivista con fines de acaparar masivamente un recurso como el oro; lugares donde empresas como Anglo Gold Ashanti Colombia, S.A. y Gran Colombian Gold han tomado posesión para realizar procesos de exploración y explotación de este mismo recurso gracias al apoyo brindado por las autoridades y la militarización, dando pie a que surjan desplazamientos forzados y amenazas a líderes comunitarios (Sañuedo et al. 2016, pág 5). De igual forma, se hizo evidente una situación similar en Antioquia, en donde Nelson Giraldo Posada fue asesinado en Ituango en el año 2013, consecuencia de su oposición a la construcción de la central hidroeléctrica “Hidroituango” con la cual, la empresa EPM buscaba desviar un río madre removiendo grandes cantidades de roca y generando consigo desalojos, agresiones por parte de la fuerza pública y de grupos paramilitares. En ese tiempo Nelson ocupaba el puesto de líder del movimiento “Ríos Vivos” y junto a su familia, peleaban por la importancia y significancia de su río, y el impacto de este en su cultura, pues de lo contrario sería destruido por la represa. Sin embargo y pese al punto de vista del Estado en donde su único interés era la construcción del megaproyecto, a Nelson, su familia y los miles de habitantes de la zona no les quedó más remedio que acoplarse al desplazamiento masivo presente en el territorio, y lo que desencadenaría después para este hombre, amenazas en donde a pesar de apelar y solicitar protección al Estado, que en un país como Colombia pueden ser respaldadas por sentencias como la T – 102 de 1993 por la cual la Corte Constitucional a través de la Unidad Nacional de Protección, estipula que “las autoridades públicas están obligadas a no vulnerar el derecho a la vida y evitar que terceros lo afecten”, en dónde dicha sentencia describe explícitamente que: “la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza, con tal de que ella sea cierta”, finalmente concluyó con que Nelson nunca recibió una respuesta siendo cruelmente asesinado en el río que tantas veces defendió (Buenaventura, 2016 p. 44-45).
Por consiguiente y teniendo en cuenta las barbaries cometidas a lo largo de la historia del país, así como el surgimiento teórico de dichos conflictos, se hace evidente recalcar el papel del estado como un elemento despótico durante esta problemática que ha menospreciado durante años a las personas y comunidades que con sudor y sangre han constituido territorios como algo digno de su propiedad, defendiendo los propósitos que deberían ser un interés colectivo pero que en contraste, y con la intención de obtener beneficios políticos y monetarios, terminan por atentar con su integridad debido a la carencia de seguridad y justicia por parte de los entes que deben asumir dichas tareas con responsabilidad y sensatez.
Referencias
Angel, M. (2021). Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Redes para su Protección. Atâtôt - Revista Interdisciplinar De Derechos Humanos Da UEG, 2(1), 40-57. Tomado de: https://www.revista.ueg.br/index.php/atatot/article/view/11892/8409
Bohórquez Caldera, LA, (2013). Colonización de la Naturaleza: Una Aproximación desde el Extractivismo en Colombia. EL ÁGORA USB, 13 (1),221-239. [fecha de Consulta 1 de noviembre de 2022]. ISSN: 1657-8031. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407736377010
Buenaventura, A. (2016). Voces Silenciadas: Casos de líderes ambientales desaparecidos y/o asesinados entre el 2010-2014 en Colombia [Tesis de maestría en periodismo]. Universidad ICESI. Tomado de: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80101/1/T00480.pdf
Castro, C., del Pilar, L. M., Fernando, P., Bhavani, C., & Roudabeh, K. (2020). ¿Cómo entender la ola de asesinatos de líderes sociales en Colombia durante la pandemia? LSE Latin America and Caribbean Blog. Tomado de: http://eprints.lse.ac.uk/106868/1/latamcaribbean_2020_09_29_como_entender_la_ola_de_asesinatos_de.pdf
Corte Constitucional de Colombia [Const]. T -102. 10 de marzo de 1993 (Colombia). Tomado de: https://t.ly/vDVn
Cortés Rodas, F. (2010). El contrato social liberal: John Locke. Co-Herencia, 7(13), 99-132. Tomado de: https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/33
Gudynas, E. (s. f.). Desarrollo, Extractivismo y Post-Extractivismo. Tomado de: https://www.redge.org.pe/sites/default/files/DesarrolloExtractivismoPostExtractivismo-EGudynas.pdf
Sañudo, M.F., Quiñones, A.J., Copete, J.D, Díaz, J.R., Vargas, N. & Cáceres, A. (2016). Extractivismo, conflictos y defensa del territorio: el caso del corregimiento de La Toma (Cauca-Colombia). Desafíos, 28(2), 367-409. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/desafios28.2.2016.10
Zubiría, N. (2019). ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en materia de defensores de Derechos Humanos? Tomado de: https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/12/Li%CC%81nea-jurisprudencial-Defensores-de-DDHH.pdf
Nathaly Quintero Meza*
Universidad Santo Tomás
Estudiante de Mercadeo