Diego Andrés Cruz Murillo*

Introducción

Con el fin de reducir la impunidad en los casos del conflicto armado nació la JEP, esta partir de las declaraciones y testimonios de las víctimas y excombatientes busca encontrar la veracidad de lo acontecido durante el conflicto armado, para así lograr reparar las víctimas, quienes más que nada buscan conocer la verdad de lo sucedido a sus familiares. Partiendo de esta base, a continuación se busca establecer la relación entre verdad e impunidad, dado que muchos de estos casos habían quedado en el olvido hasta ser investigados nuevamente por la JEP.

En el día a día se escucha a la ciudadanía culpar al estado, o responsabilizarlo por ciertos actos delictivos cometidos a la población colombiana, es por esto, que se ve necesario hablar del estado como factor de impunidad, dado que este se ha visto involucrado en algunos casos de vulneración de los derechos humanos, sin embargo al existir un comportamiento sistematizado del mismo, no es posible culpar a un mandatario en especial, como responsable de dichas violaciones.

Además de esto es importante conocer el papel del estado en los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, para poder así acercarse a la verdad de lo sucedido en el conflicto, una verdad anhelada por muchas víctimas y que reduce el sentimiento de impunidad dentro de los mismos, pues para muchos de ellos lo único que importa es conocer el porqué sus familiares nunca volvieron a casa.

El estado como factor de impunidad se entiende como la responsabilidad desatendida de las entidades estatales de recibir e investigar las denuncias de la ciudadanía, una responsabilidad a la cual el estado no presta la atención necesaria, pues muchas denuncias no llegaron siquiera a ser conocidas por las entidades responsables, debido al exceso de burocracia, pero principalmente al desconocimientos de estas organizaciones sobre cómo proceder en el momento en que una mujer denunciaba un delito ocurrido en un municipio que ni siquiera existía en el mapa. La verdad en la guerra

¿De quién fue la orden?, gritos de muchas de los perjudicados por la guerra en Colombia y grafitis en las calles de la capital son muestra del afán de la ciudadanía por conocer la respuesta, conocer los nombres de los responsables de los proyectiles usados para poner fin a los sueños de jóvenes en su mayoría pobres, convertidos en falsas cifras mostradas con orgullo en televisión nacional como resultados del ejército en la guerra.

Al ser consideradas como víctimas a aquellas personas que sufrieron la pérdida de un ser querido, podemos considerar a Luz Marina Bernal, como una víctima de los falsos positivos, al ser la madre del joven Juan Leonardo Porras, asesinado por miembros del ejército quienes, tras la presión del gobierno de la época en búsqueda de resultados, se vieron envueltos en un conjunto de actos delictivos en donde al estar en búsqueda de beneficios, la vida de jóvenes como Porras pasan a un segundo plano.

El 28 de septiembre de 2008 quedó en la memoria de los colombianos, como el día en el que el caso Soacha salió a la luz, en él, se ponía por primera vez sobre la mesa, los casos de falsos positivos del país. “En este caso se denuncia la muerte de Porras, junto con otros 10 jóvenes de escasos recursos provenientes de Soacha” (El rastro del horror de los falsos positivos, Martínez, 2021 ), seleccionados con el objetivo de ser presentados como resultados de la guerra contra las FARC. A pesar de ser un fenómeno cuyo inicio se remonta al año 2001, no es hasta un mes después del conocimiento del caso Soacha que el gobierno forma una comisión especial para indagar sobre este tipo de delitos cometidos al interior del ejército.

En 2016 habiéndose firmado el acuerdo de paz con las FARC, aparece la necesidad de formar un mecanismo encargado de impartir justicia sobre los victimarios del conflicto armado, pero también aparece la necesidad de brindar un mecanismo que busque la verdad y la reparación de las víctimas, presenciando así el nacimiento de la JEP, quienes tras una ardua investigación llegaron a la conclusión de 6402 muertes por falsos positivos.

Es la JEP quien comienza a buscar la raíz del problema, dando a conocer que los falsos positivos no se dieron por un mero capricho, y al darse este tipo de delitos, se presume una debilidad en las instituciones tanto gubernamentales como militares, pues la justicia penal militar, utilizada por décadas como mecanismo para juzgar a las personas, sacrificó durante mucho tiempo el derecho al debido proceso, “Las justicias de excepción en el marco del Estado de Sitio fueron creadas o utilizadas para atacar a la criminalidad” (Castillejo, 2022, p.562), de esta forma durante los años ochenta, los militares impartían justicia a los ciudadanos evidenciando poca imparcialidad. Dándose torturas en los interrogatorios, allanamientos y desapariciones, se determinó que el ejército no podía continuar siendo juez y parte del conflicto, pues esto se prestaba para la aparición de irregularidades en el proceso, así como prácticas en contra de la sociedad civil.

“Entre 1996 y 2016, se presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura 1.938 decisiones relativas a disputas entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria.” (Castillejo, 2022, p.563), pues este problema de no separar los asuntos de los cuales la justicia penal militar tiene jurisdicción, nos lleva a pensar cómo estas instituciones se ven involucradas en los hechos de impunidad sufridos por los ciudadanos que no debían tener ninguna relación con esta justicia, pues a pesar de que estas denuncias se relacionan con actos de guerra, esta justicia no debía procesar ciudadanos, al existir esta disyuntiva de cuáles casos procesar, se comenzaron a aceptar hechos que funcionaban como coartadas de actos de guerra como lo son los falsos positivos, dejando como consecuencia impunidad para las víctimas.

Las políticas de “mano dura” han sido utilizadas como mecanismos de excepción durante etapas críticas de la historia, en Colombia el conflicto armado es claramente un hecho trascendental del país, estas políticas buscan obtener resultados sin detenerse a pensar en las consecuencias, vulnerando así los derechos humanos de la sociedad. Al hablar sobre excepciones normalizadas, debemos tener en cuenta el caso del DAS fundado tras el bogotazo en 1948, este hecho desencadenó la necesidad de un cuerpo de inteligencia, además de plantearse la necesidad de un gobierno militar, años después el país fue testigo de la dictadura en manos de Rojas Pinilla.
“Todas las naciones se han planteado la necesidad de un cuerpo de inteligencia similar al DAS” (El rastro del horror de los falsos positivos, Martínez, 2021 ) , sin embargo, en Colombia fue instrumentalizado con el fin de servir a beneficios políticos, es el caso de la muerte del candidato presidencial Galán en 1989, tras lo que se presume fue a causa del debilitamiento del cuerpo de seguridad del candidato, a manos del DAS. Uno de los casos más importantes de instrumentalización del DAS para beneficio propio, es la presunción del uso de esta entidad, por parte del gobierno del expresidente Uribe, debido a que se presume una participación del DAS, para facilitar los actos delictivos cometidos por paramilitares, llevando a que este organismo dejará de funcionar en 2010 tras la investigación de varias irregularidades dentro de este.

Tras la investigación de diferentes irregularidades en instituciones estatales, se plantea la incógnita sobre el verdadero fin de estas figuras gubernamentales, pues se supone que estas instituciones existen con el fin de intervenir en los diferentes conflictos que se presentan dentro de la sociedad, tras la aparición de irregularidades, la impunidad se presenta en el día a día de la ciudadanía, pues si las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía son los responsables de victimizarnos, ¿Podríamos acaso decir, que el gobierno es el foco de impunidad de nuestra sociedad?.

Vemos dentro del territorio nacional zonas de tan difícil acceso, en donde las personas no pueden siquiera presentar una denuncia formal frente a las autoridades pertinentes, esto, acompañado de irregularidades en los procesos dentro de las instituciones encargadas de defender los derechos de la ciudadanía produce cifras tales como “Un estudio del DANE de 1985 mostró que sólo se denunció el 20,9 % de los delitos registrados. En otras palabras, el 79,1 % de la criminalidad no se denunciaba.”(Castillejo, 2022, p.569) para todas aquellas personas no habrá siquiera una esperanza de justicia, pues sus conflictos nunca fueron conocidos por las autoridades pertinentes. En el caso del conflicto armado en Colombia, para muchas de las víctimas, el hecho de ver los restos de los desaparecidos a manos del ejército, o tan siquiera conocer la verdad, es suficiente para disminuir el sentimiento de impotencia e impunidad.

En el mundo empresarial vemos la burocracia como una herramienta necesaria para lograr eficiencia en las organizaciones, esto permite dividir de forma científica el trabajo y jerarquizar los cargos para que cada actividad sea realizada por la persona más capacitada para llevarlo a cabo, sin embargo, en las organizaciones públicas, algunas veces podemos notar exceso de burocracia, dando lugar a muchos cargos para realizar acciones simples, teniendo como ejemplo las entidades encargadas de impartir justicia, en donde las víctimas deben pasar por muchos procedimientos antes de lograr alcanzar sus objetivos, al respecto encontramos testimonios como el siguiente:

Yo no quiero que por retaliación vayan a asesinar a un familiar o una esposa de alguno de nosotros o un familiar o un hermano. Con eso no vamos a revivir a mi mamá […] entonces[…] decidimos dejar así las cosas […]. ¿Que va a quedar impune? Va a quedar impune.(Castillejo, 2022, p.572).

En este caso la víctima decide dejar su caso impune, pues el complejo proceso burocrático para iniciar su búsqueda de justicia, acompañado por las posibles amenazas a la vida de sus familiares, así como a la propia, la obligan a dejar su caso en la impunidad, preguntándonos nuevamente si el gobierno es el foco de impunidad de nuestra sociedad, pues es este el encargado de velar por el hecho de que las entidades públicas le presten a la ciudadanía un servicio de calidad, algo que claramente no vemos en estas zonas alejadas del país, en donde las personas al no tener acceso a educación de calidad, dificulta aún más que puedan alcanzar la justicia para sus casos tras superar todos estos procesos burocráticos.

Adicionalmente encontramos el caso de el 18 de abril de 1998, cuando tres personas aparentaron ser periodistas con el fin de entrar en la oficina de Eduardo Umaña Mendoza y provocar su muerte, tiempo después, los paramilitares de la época aceptaron su responsabilidad por el crimen, sin embargo se presume una participación del estado en este macabro suceso, lo cual había sucedido con anterioridad a manos del DAS, una entidad del estado que se involucró en hechos criminales, sin embargo en este caso, la participación del estado puede llegar a verse de forma más activa, así como lo muestra Castillejo (2022) “el abogado Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado en abril de 1998 cuando llevaba casos sobre la responsabilidad de agentes del Estado en graves violaciones a los derechos humanos.” (p. 573). Obligando a que nos cuestionemos sobre el nivel real de participación del gobierno en este tipo de delitos.

¿Pero acaso la impunidad sufrida por las víctimas afecta la reparación?, la respuesta es sí, pues en algunos casos se puede generalizar a una población, por el simple hecho de vivir en lugares que tienen presencia de estas organizaciones, siendo re victimizados una y otra vez, pues en los casos estudiados con anterioridad, las víctimas que se acercaban a denunciar lo sucedido, no eran aceptados por las entidades pertinentes, y posteriormente se decía de esta población que eran “alcahuetes” de los paramilitares o de los guerrilleros, pues al no existir justicia para las víctimas, es fácil dudar de la reputación de quienes viven en ciertas zonas del país. En el año 2003, una niña es violada por el jefe de su madre, a pesar de los gritos de la niña, y del llanto, su madre se niega a creer que su jefe la hubiese violado, llena de rabia y resentimiento, decide contarle a un joven guerrillero de la zona, lo sucedido, quien le da una solución, “Únase a la guerrilla que después usted puede ir a matar al señor que la violó” (Lucia, citada por Collazos, 2022). Testimonios como el anterior han salido a la luz tras la firma del acuerdo de paz en 2016.
No todos los jóvenes que se unieron de forma voluntaria a estas organizaciones al margen de la ley lo hicieron como respuesta al sentimiento de venganza como en el caso de Lucia, muchos otros lo hacen con la intención de subsanar necesidades básicas, pues ven a grupos como las FARC como la salida a un hogar violento o a la escasez de alimento, pues existe una ausencia total del gobierno y de los servicios asistenciales que este debería prestar, así como lo afirma la comisión de la verdad, “a los jóvenes no se los llevaron, ellos se fueron por la falta de oportunidades en la zona” (Comisión de la Verdad Colombia, s. f.), pues si bien muchos jóvenes fueron arrebatados de sus familias con el fin de participar en la guerra, muchos otros se unieron de forma voluntaria a las FARC ante la ausencia del estado en sus regiones.

Conclusiones

El estado como el responsable de impartir justicia, es visto como uno de los agentes de impunidad más importantes de la sociedad, debido a que como se evidenció con anterioridad, muchas de las víctimas del conflicto armado, fueron victimizados en el momento que deseaban presentar la denuncia de lo sucedido ante las autoridades competentes, pues en muchos casos, dichas autoridades ni siquiera conocían de la existencia de ciertas regiones del país, esta situación, acompañada del exceso de burocracia dificulta el hecho de formalizar las denuncias de la ciudadanía.
Además de ser visto al estado como un agente de impunidad, también se puede concluir que el gobierno formó parte de actos delictivos, a través de la historia del conflicto armado, pues entidades estatales como lo fue el extinto DAS, facilitó que estos se dieran, al debilitar cuerpos de seguridad o facilitar el acceso a la información personal que ellos mismos recolectaron de las víctimas de estos grupos armados. Al existir ausencia del estado en zonas críticas del país, muchos jóvenes vieron la salida a sus problemas al unirse a dichos grupos, sin embargo muchos estas situaciones se podrían haber evitado si el estado hubiese prestado atención a las problemáticas que estos jóvenes presentaban, pues si hubiese existido una mayor inversión en búsqueda de oportunidades para la ciudadanía, muchos jóvenes no se habrían unido a estos grupos por falta de ellas.

En síntesis podemos decir que a pesar de que las decisiones tomadas por la JEP pueden sentirse como perpetradoras de la impunidad, para muchas víctimas el hecho de conocer la verdad, el lugar donde fueron sepultados sus seres queridos o tan siquiera saber el nombre de quien disparó el proyectil a la cabeza de un hermano, hijo, o madre, genera un sentimiento de alivio pues en pequeña o gran medida disminuye el sentimiento de impunidad.

Referencias

[El Espectador]. (2018, 18 abril). Eduardo Umaña Mendoza, 20 años de ausencia | El Espectador. YouTube. Recuperado 29 de octubre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=9J7HnTIMiiU

Comisión de la Verdad Colombia. (s. f.). “A los jóvenes no se los llevó la guerrilla, ellos se fueron por la falta de oportunidades”. Recuperado 29 de octubre de 2022, de https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/jovenes-no-se-los-llevo-la-guer rilla-ellos-se-fueron-por-la-falta-de-oportunidades#:%7E:text=%E2%80%9CA%20los
%20j%C3%B3venes%20no%20se,Comisi%C3%B3n%20de%20la%20Verdad%20Colombia

Collazos, M. (2022, 17 marzo). Crudos testimonios de menores reclutados por el ELN y las antiguas Farc. RCN Radio. Recuperado 29 de octubre de 2022, de https://www.rcnradio.com/colombia/crudos-testimonios-de-menores-reclutados-por-el
-eln-y-las-antiguas-farc Castillejo. (2022). La impunidad como factor de persistencia del conflicto armado.
Informe final de la comisión de la verdad.

El rastro del horror de los falsos positivos. [Julián F. Martínez]. (2021, 8 abril).

YouTube. Recuperado 29 de octubre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=BMGuruvY1tw

Diego Andrés Cruz Murillo*
Estudiante de Negocios Internacionales
Universidad Santo Tomás