David Felipe Archila Gutiérrez*

El artículo pretende exponer no solo la corrupción como un problema general (que tiene su afectación en los niveles más altos del poder: el Estado, los partidos políticos, las empresas, los movimientos sociales, etc.), sino que también pretende indagar cómo ésta va de la mano con los comportamientos y costumbres adquiridas por el individuo en sociedad. Por tanto, la idea central del trabajo consiste en averiguar cómo desde un estudio antropológico se puede analizar los factores que generan y constituyen la corrupción, por lo menos en Colombia, y cómo entra en directo choque con el bienestar de todos los individuos que componen dicha sociedad.   

El caso colombiano es el ejemplo más claro de que la corrupción no solo es una cuestión que caracteriza al Estado, sino que está presente en todos los ámbitos de la cotidianidad del pueblo colombiano, al punto que hasta, incluso, se adopta a la corrupción como una acción naturalizada entre sus habitantes, considerándose como una conducta “normalizada”. Hechos como la pobreza extrema, la desnutrición infantil, la falta de recursos en las arcas del Estado, la pésima infraestructura de las vías a nivel nacional, no son más que la consecuencia que ha dejado la corrupción a su paso; no obstante, cabe aclarar que la corrupción es uno de los mayores catalizadores de dichos problemas, pero no el único. La falta de empatía y tolerancia, mezcladas con una abundancia de indiferencia y deshumanización, han llevado al ser humano a considerar a la corrupción como consecuencia conexa de dicha mentalidad misántropa.

Dicho todo lo anterior, se puede cerrar esta introducción, tomando la corrupción como un acto generalizado que tiene tanta gravedad, que inicia cuando el funcionario público se lucra indiscriminadamente de su poder conferido, como cuando el ciudadano entra de forma indebida y grotesca (sin pagar) al sistema de transporte público.

Análisis Histórico

Es imposible abordar la corrupción sin antes escudriñar un poco la historia e indagar qué es lo que nos ha traído hasta este punto, donde la miseria, la pobreza y la individualidad parece que han reinado.

Se sabe que, en tiempos precolombinos, el inicio y desarrollo de muchas de las sociedades que habitaron gran parte de América Latina y Central (Incas, Muisca, Aztecas, Mayas, etc.) se dio gracias al avance en materia institucional y de organización que fueron desarrollando paulatinamente antes de la colonización. Hechos como la implementación de la moneda y la escritura, por parte de los Aztecas, y el avance arquitectónico y de organización de los Incas, dan cuenta de lo complejas que eran estas sociedades (Acemoglu & Robinson, 2012). No obstante, la colonización y su posterior permanencia representó un gran reto para el avance y desarrollo de las formas culturales y de vida de dichas civilizaciones, ya que, a pesar de que los colonizadores traían consigo nuevas formas de ver el mundo, nuevos conocimientos y nueva tecnología, estos no venían en busca de un beneficio o cooperación entre civilizaciones, sino que, al contrario, todo era en función de la obtención de recursos, a costa de la subyugación de una civilización sobre otra (en este caso de los colonizadores sobre los indígenas).

Hay que enfatizar en el hecho de que no todos los procesos de colonización que se dieron en América fueron iguales. De hecho, muchos de ellos fueron tan disímiles entre sí, que ello explica más adelante la forma en que los países abordan el tema de la corrupción y la prosperidad de sus habitantes. En América Latina y Central, la colonización se dio casi sin ningún obstáculo; la abundancia de los recursos, la buena posición geográfica, el clima y la poca resistencia de las civilizaciones que habitaban allí, permitió que el Imperio Español penetrara el territorio y se estableciera de forma permanente. Desde este punto, se empezaron a ver los primeros vestigios de corrupción entre estas dos civilizaciones. Personajes como Hernán Cortez, en México, y Francisco Pizarro, en lo que hoy es Perú, crearon sistemas políticos nuevos de explotación social y laboral, todos avalados por la corona española, en pro de la explotación y el saqueo de las tierras conquistadas. Los indígenas eran vistos prácticamente como instrumentos de trabajo (esclavos), que debían pagar con trabajo e impuestos a una élite española que gobernaba; si no lo hacían, simplemente eran asesinados (Acemoglu & Robinson, 2012). Esto, a largo plazo, originó un legado cultural enorme, ya que a pesar de que estos pueblos se fueron independizando uno a uno, el choque de civilizaciones había dejado abierta la puerta a la generación de un nuevo concepto cultural, que en gran medida determinaba la relación de las instituciones políticas y económicas con el bienestar de todos los individuos.

Pese a la falta de reformas estructurales en materia de Instituciones Políticas (impuestas por los españoles), de accesos a la tierra y de redistribución de ingresos, las brechas de desigualdad y de poca prosperidad entre los habitantes comenzaron a aumentar. Las élites económicas eran las únicas que tenían acceso al poder, lo que les permitía cometer actos de corrupción, como apoderarse de grandes terrenos que no les pertenecían y utilizarlas para amasar grandes fortunas. Algo parecido pasó en Colombia después de la independencia, ya que el control de la tierra pasó a manos de grandes latifundista, que a su vez también tenía gran poder en la política. Alfonso Quiroz, historiador peruano, sostiene que, por lo menos en Perú, dichas actuaciones hicieron que “la corrupción se pudiera explicar como un legado colonial, es decir, como la persistencia de prácticas tradicionales en la administración pública” (Quiróz, 2000). Sin embargo, en Norteamérica los procesos de colonización no fueron tan fructíferos como en México o Perú. A Norteamérica llegaron prácticamente familias inglesas (mayormente protestantes) que huían de Inglaterra a la tierra “prometida por Dios”; no obstante, las duras condiciones climáticas, y la escasez de recursos no permitieron un gran avance en cuanto a condiciones de vida se refiere, existían unas cuantas tribus indígenas, pero muchas de ellas no podían ser colonizadas ni dominadas, así que la única opción viable que veían los ingleses era la de trabajar para sí mismos. El acceso al trabajo, mezclado con un acelerado avance en la institucionalidad política y económica, permitió que los nuevos colonos pudieran poseer tierras y obtener un trato más justo e igual ante la ley (Acemoglu & Robinson, 2012). Una institucionalidad fuerte lo que permitió fue un relativo control del poder y un sesgo a posibles dinámicas corruptas que pudieran corromper al poder. Posteriormente, aunque países como Estados Unidos y Canadá también se independizaron, las bases de sus Estados-Nación se sentaban bajo los preceptos de igualdad, crecimiento económico, garantización de derechos y, lo más importante, la protección a la libertad.  

 Desarrollo del concepto

Ya ahondamos en la corrupción como un concepto fundamental para entender los procesos históricos que tuvieron lugar en América en general, y en Colombia específicamente. Sin embargo, lato sensu, ¿qué se entiende por corrupción? Autores como Curamaswamy (2006) y Mauro (1997) presentan la corrupción, por lo menos a nivel político, como un obstáculo para el desarrollo económico, un anatema que fomenta un ambiente anti-democrático y engendra el desprecio hacia las instituciones constitucionales, estorba la instauración de valores morales, promueve el uso incorrecto de fondos públicos y perjudica sobre todo a los pobres. A la luz de esta concepción, los autores nos proporcionan una definición general sobre la corrupción, pero solo en un nivel político. Uno de los errores en los que incurren los investigadores y gran parte de los ciudadanos es encapsular y encasillar el concepto de corrupción solo en un ámbito político, más aún teniendo en cuenta que, como lo decía Anthony Downs en su libro Teoría Económica de la Democracia, son los individuos que componen y dirigen los estamentos estatales los únicos que poseen estructura de fines definida (Downs, 1971), es decir, que no se puede categorizar de corrupto a un Estado o a las institución que lo componen porque, en últimas, son los individuos los que crean y dirigen dichas instituciones con el fin (por lo menos en teoría) de satisfacer colectivamente alguna de las necesidades que demanda la población. Es la corrupción la que rompe con el paradigma de la transparencia para satisfacer intereses particulares sobre intereses colectivos o generales. En sentido amplio, la política se entiende como un conjunto de poderes y acciones colectivas que tienen como fin último maximizar la satisfacción de una sociedad, tomando como base el procedimiento racional de dividir la renta sobre una base igualitaria para garantizar la equidad (Lerner, 1944). A pesar de que teóricamente debería funcionar así, si se analiza detalladamente, se da cuenta de que la política y los políticos actualmente responden a intereses particulares, generando vicios individuales que rompen con la efectiva actuación del Estado, como garante del bienestar y la libertad entre la población.

Centrándonos un poco más en el individuo, como actor principal en el contexto de la corrupción, dichas actitudes pueden ser explicadas aún más bajo el amparo de la Teoría de “Elección Racional”. Autores como Elinor Ostrom proponen que el ser humano actúa y condiciona sus decisiones con respecto a un sistema de intereses preestablecido, cuyo fin último es obtener la mayor utilidad posible; en últimas… elegir la decisión más “racional” (Ostrom, 1990). Ostrom basó toda su teoría en un ejercicio donde aplicaba la teoría de juegos, como evidencia de que la utilidad individualidad siempre estaba latente entre los individuos al tomar decisiones que pusieran en riesgo sus intereses. Asimismo, extrapoló su ejercicio a la realidad política, y creó un sistema donde la cooperación entre individuos (en este caso entre Estados) resultaba ser más redituable que si solo actuaran de forma individual y codiciosa. En dicho sistema, un tercero entraba en la toma de decisiones para controlar el incorrecto comportamiento entre individuos y así garantizar que si alguno de los dos (o más actores) “jugaba sucio” (o era corrupto, en pocas palabras) tuviera una repercusión directa en sus utilidades e intereses (Ostrom, 1990). Lo planteado por Ostrom tiene mucho sentido en el contexto político, social y cultural colombiano, ya que, si bien los políticos usan la corrupción como mecanismo de lucro, no se debe olvidar que también son ciudadanos. Muchas veces se tiende a pensar que son solo ellos los que cometen actos corruptos para acrecentar su rentabilidad, como lo decía Ostrom; lo cierto es que la idiosincrasia del ciudadano colombiano (independientemente de si es político o no) ha estado muy matizada por la utilización de la corrupción como mecanismo de lucro.

Otro ejemplo de elección racional es el planteado por el economista y sociólogo Mancur Olson, el cual, en su tesis central, proponía que la generación y distribución de bienes públicos estaba a manos del accionar de instituciones políticas, pero que dicho accionar no podía ser analizado sino con base a la conducta que toman los individuos racionales que la integran (Olson, 1992). Él proponía que el buen actuar de las instituciones políticas estaba condicionado por el buen actuar de los individuos, y que este buen actuar, a su vez, estaba determinado por los buenos incentivos públicos que dichas instituciones les proporcionaban; así pues, cuando los incentivos no eran suficientes o no existían, se corría el riesgo de que el interés altruista de grupo se perdiera y el interés particular sobresaliera, posibilitando, así, la existencia de corrupción (Olson, 1992).  

Se puede concluir que el flagelo de la corrupción es un mal que atañe no solo a los sistemas políticos más complejos, sino que tiene un trasfondo histórico, cultural y antropológico, que, de alguna u otra manera, condiciona las decisiones de los individuos en sociedad, los hace codiciosos e indiferentes, y contribuye a la generación de pobreza, condiciones de desigualdad y malas condiciones de vida para gran parte de los ciudadanos.

Bibliografía

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). ¿Por qué fracasan los países? New York: Deusto.

Curamaswamy, P. (2006 ). “Integrity and Ethics”. UN Conference on Anti-Corruption Measures. Integrity and Ethics". Varsovia: Chabal Patrick y Jean-Pascal.

Downs, A. (1971). Teoría Económica de la Democracia. New York : Harper & Row Publishers inc.

Gamarra, J. (2006). “Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso Colombiano”. Centro de estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, Cartagena de Indias, Colombia.

Huber, L. (2012). “una interpretación antropológica de la corrupción”. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)

Lerner, A. (1944). The Economics of Control. New York : Mac Millan Co.

Mauro, P. (1997). Why Worry About Corruption? Washington DC: International Monetary, Issues 6.

Olson, M. (1992). La lógica de la acción colectiva. Barcelona: Ariel.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The evolution of Institutions for Collective Action. New York : Cambrigde University Press.

Quiróz, A. (2000). Historia de la Corrupción en el Perú: ¿es factible su estudio? Lima: PUCP.

David Felipe Archila Gutiérrez*
Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales
Universidad Santo Tomás

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.

ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades
ISSN 2619-421X (en línea)  julio-septiembre 2017 No. 3