Wilmer Garzón*
Jean-Jacques Rousseau afirma que cada ser humano desea garantizar su supervivencia, por ello, cada individuo le concede al Estado su libertad natural, a cambio de que éste le garantice su conservación y su bienestar personal, adquiriendo así la libertad civil. De esta manera, cuando el individuo comete una falta que contraríe este acuerdo debe ser castigado se según las leyes. A este pacto el autor lo denomina Contrato Social (Rousseau, 1973, p. 17-19). En el presente texto se aducirá que los castigos son uno de los garantes para que las personas cumplan con el contrato social.
Las leyes presentes en este pacto social nacen, en un principio, de la necesidad de hacer “convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes y dirigir la justicia hacia su objetivo” (Rousseau, 1973, p. 42). Cada individuo consciente de los beneficios, pero también de los deberes, cumplen las leyes con el objetivo de garantizar su propia conservación y la de los demás miembros de la sociedad. Pero ¿qué lo es que obliga a los ciudadanos a cumplir las leyes, cuando estos no conocen la finalidad, ni la importancia de estas? La respuesta a ésta pregunta son los castigos, los cuales se han convertido en uno de los garantes para que se mantenga el contrato social.
Rousseau manifiesta que el compromiso está presente de manera tácita en el contrato social, pues sin este no sería más que una fórmula vana. En caso tal que alguno se rehúse a dicho compromiso, los demás miembros de la sociedad podrán obligarlo a cumplirlo (Rousseau, 1973, p.23). Desde este punto de vista el castigo puede ser un método adecuado para obligar y regular que cada contratante se comprometa de forma adecuada con el contrato social. El problema es cuando estas situaciones se presentan de manera regular y se convierte al castigo en el único método que mantiene la cohesión social.
De igual manera, Rousseau presenta la falta cometida por el individuo como una deuda que este adquiere para con la sociedad, y esta última debe buscar el medio para que aquel individuo liquide la deuda que adquirió al infringir la ley. Lo anterior se realiza por medio del castigo, el cual permite la reintegración del individuo en la sociedad y está justificado en una presunta intención, por parte del ente legislativo, de reeducar al infractor para que este no vuelva a transgredir la ley.
Para poder avanzar, es necesario saber qué se entiende por castigo. Este término se define como la “pena que se impone al que ha cometido una falta o delito” (Diccionario Santillana del Español, 1993). Además, se establece una relación directamente proporcional entre la falta cometida y el castigo impuesto, en otras palabras, entre más grave es la falta más fuerte será la pena impuesta.
Esta situación se presenta también en la familia, que según Rousseau es la primera y única sociedad natural (1973, p.8). En dicha célula social se implementan los castigos para poder preservar el orden dentro de la misma y reafirmar la autoridad ejercida por los padres. Estos castigos han venido variando: en algunos casos se recurren a agresiones físicas, mientras en otros se priva de algún beneficio o se aumentan los deberes. Pero sin importar el tipo de castigo, todos tienen como finalidad evitar que se vuelva a incurrir en la falta y además permite “resarcir” el daño causado.
En la actualidad, la sociedad vive inmersa en un sin fin de leyes que regulan la vida colectiva, y el incumplimiento de dichas normas acarrea un conjunto de sanciones o correctivos (castigos). Al analizar las razones que las personas tienen para apagarse a la ley, la mayoría de ellas coinciden en afirmar que es por temor a las repercusiones negativas de dichos actos; pero no porque se tenga conciencia sobre el papel que cumplen de esas leyes dentro de la sociedad. Un ejemplo claro son las normas de tránsito: la mayoría de conductores respetan los límites de velocidad solo cuando no están siendo observados por las autoridades de tránsito, pero es difícil encontrar una persona que siga estos parámetros por convicción, es decir, siendo consciente que si sobrepasa la velocidad estipulada es más propensa a un accidente.
Otra evidencia de la importancia de los castigos para el cumplimiento de la ley es que toda norma va acompañada de las sanciones que se deben imponer en caso que transgreda la norma. En el contexto colombiano podemos citar el Código Nacional Policía y Convivencia, el cual entró en vigor desde 2017. En dicho código se estipulan varias sanciones que iban desde multas hasta cárcel para los infractores. Solo en el primer semestre de año 2017 se impartieron 9.658 comparendos en Transmilenio, según cifras de la policía nacional.
En una sociedad donde los individuos no saben, o no comprenden, el trasfondo de las leyes, la herramienta más adecuada para mantener el orden social, con miras a la conservación y el bienestar de todos los individuos, es por medio de los castigos. Estos últimos permiten al estado velar por los derechos de los ciudadanos. Aunque, es claro que este no es el tipo de sociedad que se busca por medio del contrato social, pero mientras no se interioricen las leyes desde el núcleo familiar, los castigos serán la única manera de evitar la desobediencia civil. Por tanto, podemos decir, que los castigos son necesarios para que se mantenga el orden dentro de la sociedad y se respete el contrato social.
Referencias
Rousseau, J.J. (1973).El contrato social. Madrid: Aguilar S.A.
Policia Nacional de Colombia. En aplicación al Código Nacional de Policía y Convivencia se han impuesto 9.658 comparendos en Transmilenio. Recuperado de: https://www.policia.gov.co/noticia/aplicacion-al-codigo-nacional-policia-y-convivencia-se-han-impuesto-9658-comparendos
Santillana. Castigo. (1993). Del Diccionario Santillana del Español. Madrid, España: Santillana.
Wilmer Garzón*
Estudiante de Licenciatura en filosofía y Lengua castellana
Universidad Santo Tomás
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ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades
ISSN 2619-421X (en línea) abril de 2019 No. 10