Jessica Tatiana Roncancio González*
La extorsión afecta tanto económica como socialmente al país, esta afirmación resulta más que evidente una vez se conocen los datos encontrados sobre este crimen por el Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, por ello resulta importante retomar este tema en el presente artículo, donde se expondrán las razones que permiten la persistencia de este delito en Colombia, aun cuando las herramientas de detección han mejorado, y además de tener en cuenta la coyuntura histórica y las dificultades que existen para la solución de este crimen.
Durante los últimos años, en Colombia se ha visto una tendencia creciente de los casos de extorsión, los cuales tienen una incidencia negativa en la economía, debido a que afectan la inversión, la productividad y, en ultimas, el crecimiento. Lo anterior se evidencia por medio de la perdida de inversión en diferentes ámbitos, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Esto obstruye la formación de economías de escala, y, de la misma manera, repercute de manera negativa en el ámbito social del país porque perjudica la seguridad, la creación de empleo y el desarrollo económico. (De la Calle, 2016).
Por tal motivo, es importante hacer énfasis en este tema para la creación de nuevas políticas públicas que proporcionen una ayuda a la comunidad en general y que de esta manera las cuantías de dinero producto de la extorsión que favorecen la continuidad del crimen, sean utilizadas de manera apropiada para generar cambios sociales y económicos, de los que depende el desarrollo, basados en la ayuda de diversos programas estatales.
De acuerdo con la ley 599 del 2000, la extorsión se define como “el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero”. Este delito se clasifica entre los que atentan contra el patrimonio económico y recibe en Colombia una pena de 16 a 24 años, además de una multa entre 800 y 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Código Penal Colombiano, 2000, p. 204).
Por un lado, es importante resaltar que al hacer un comparativo entre los títulos del Código Penal, el que cuenta con la mayor ponderación (31,05%) para el año 2010 es la clasificación de delitos contra el patrimonio económico, donde se estimó una cuantía de $63.419.338.406 para la extorsión (Norza-Céspedes y Espino-Duque, 2011). Por otro lado, se puede considerar que este tipo de delito “se caracteriza por afectar la voluntad de la víctima en virtud del medio empleado, violencia o amenazas” (Celedón, Saleme, López y Pardo, 2009).
Ahora bien, vale la pena conocer algunos datos recientes de la extorsión y comprender la magnitud del problema al que se enfrenta el país. Por esto, en el gráfico presentado a continuación, se puede ver la tendencia positiva en los casos de extorsión en el país durante el periodo 2009 – 2017, lo cual también explica que Colombia sea uno de los países que se destaque en este tema en Latinoamérica (Cortes, 2015).
Gráfico 1
Evolución de casos de extorsión Colombia, periodo 2009 - 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN
En la tabla siguiente se muestra cómo varían la cantidad de casos de extorsión y cuáles son las ciudades más afectadas en el país, siendo Medellín la primera con 30%, seguida de Bogotá con 27% para el año 2017.
Tabla 1. Comparativo datos de extorsión por ciudades principales, años 2016 – 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo Información de Criminalidad (GICRI) - DIJIN
A partir de los datos empíricos, en cierta medida se conocerán los debates en torno a la mejora del crimen en el país, y el surgimiento de preguntas problemáticas relacionadas con el tema, entre ellas se destaca la que se tratará en el presente escrito: ¿cuáles son los motivos que permiten que los casos de extorsión sigan en aumento?
Con respecto a las razones, se puede empezar con el abandono de responsabilidades por los gobiernos, puesto que el Estado debe garantizar los derechos de propiedad a los ciudadanos (De la Calle, 2016). Es decir, los derechos de propiedad son asegurados por las instituciones, lo cual permite su legitimación y confianza, y a su vez asegura un tejido social con democracia. Si el Estado falla ante la responsabilidad sobre estos derechos, diferentes grupos aprovechan para extorsionar la ciudadanía (Kalmanovitz, 1999). En relación con estos grupos, la extorsión es perpetuada en su gran mayoría por la delincuencia común, al ocupar el 86% de los casos para el 2010, contrario a lo que se piensa sobre los grupos armados, que cuenta con una participación cercana al 3% (Norza-Céspedes y Espino-Duque, 2011).
Otro motivo para el aumento de los casos de extorsión en el país en los últimos años, tiene relación con la impunidad que resulta ser un gran incentivo para delinquir. Al decir esto estamos teniendo en cuenta un concepto básico en economía –incentivo-, los individuos responden a incentivos. Al encontrar la impunidad como incentivo, se aumentan los casos porque está la creencia de que los delincuentes no serán penalizados, esto producto de la falta de confianza en las autoridades competentes y a causa de las amenazas contra la vida o la integridad de las personas afectadas. De este tema deriva también la balanza entre costo-beneficio de un delincuente y la decisión a la que tiende que es a la de delinquir porque piensa en que obtiene recompensas financieras mayores a las que le puede ofrecer un trabajo formal, sumado a la baja probabilidad de ser capturado por las razones anteriormente mencionadas.
Además de las razones ya expuestas, existe otra con respecto a la inseguridad del país y su historia con el conflicto armado, lo cual ha generado un temor que ha sido inculcado en la población gracias a los más de 50 años de múltiples crímenes que se ejecutaron a causa de la guerra interna. Esto se relaciona en gran medida con los casos de extorsión e impunidad porque se amenaza con cometer nuevos delitos contra la libertad y la integridad de las personas. Las amenazas conllevan a la falta de denuncias debido a que la toma de decisiones es cedida a los grupos armados por la ausencia de un poder monopolizador del Estado; en otras palabras, la falta de credibilidad del Estado y diferentes partes del país donde no hay presencia de este, sino de grupos al margen de la ley, han propiciado la impunidad en esta clase de delito.
Como solución a este caso, se propondría la restauración de la legitimidad del Estado y sus instituciones como autoridad que ejerce el poder para defender los derechos de sus ciudadanos, esto con un aumento del gasto social que compense también la mayor necesidad de cobertura en seguridad. Con respecto a lo anterior, se plantea el gasto inflexible que maneja el país, donde el 89% lo representan intereses y funcionamiento, y el restante 11% es dedicado a gastos de inversión, es decir, para aumentar ese gasto en seguridad se tendría que disminuir el porcentaje del rubro de inversión que es la única variable y que ha venido disminuyendo gradualmente en los últimos años, también a causa de la influencia de la extorsión (Castro, 2017).
Al volver al tema que nos ocupa, se debe agregar que la falta de habilidades para conseguir un empleo formal puede llevar a las personas a trabajar según el pensamiento del éxito facilista, donde reproducimos causas de hitos que constituyen la cultura colombiana y su ética, en otras palabras: “Ha sido una desventura para el país la larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil, que se convirtieron en la media y en la forma de ascenso social.” (Villegas, 1995). De esta manera, por medio de la igualdad de oportunidades se podrían proveer las capacidades necesarias para los empleos que requiere el país, aunque esto se torna en una preocupación por la imposibilidad de aumentar el gasto público social, como ya se ha explicado.
Para concluir, la extorsión es un tema que perjudica no solo a quienes entregan el dinero, sino a todos como partícipes de la sociedad, puesto que desvía dineros de proyectos importantes que nos beneficiarían a todos en tanto comunidad. La extorsión persiste en el país cuando los operativos de entidades del Estado no obtienen resultados positivos a pesar de la inteligencia que se utilice, también debido a la falta de representación que tiene el Estado y por la falta de confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones encargadas de este tipo de casos. Con base en lo tratado en este texto, se podría tener una mejora por medio de una mayor estabilidad política donde se luche por los derechos de seguridad de la población, un sistema político único, es decir, un Estado monopolizador de fuerza y poder que vele por la soberanía tanto interna como externa de los ciudadanos, que no ceda el poder a grupos ilegítimos en ningún territorio, y además, que cuente con un sistema de captura de rentas legal, que utilice eficientemente los recursos disponibles y no sean desviados para los múltiples casos de corrupción que se viven actualmente; y, por último, que incentive la inversión en el país para aumentar el bienestar local.
Referencias
Cañizares, W. (2013). La extorsión como fuente de financiación del crimen y la ilegalidad en Cúcuta: todos pagan. Disponible en: http://www.funprogresar.org/la-extorsioacuten-como-fuente-de-financiacioacuten-del-crimen-y-la-ilegalidad-en-cuacutecuta-todos-pagan.html Fecha de acceso: 11 Jul. 2018.
Castro, S. (2017). Dinámica del gasto público en Colombia. Sitio web: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Asobancaria%20Eventos/Asobancaria%20-%20Semanas-Economicas/1087.pdf. Fecha de acceso: 20/06/2018
Celedón, J., Saleme, Y., López, L., y Pardo, I. (2009). Reflexiones sobre el delito de extorsión y los procesos cognoscitivos que se desarrollan en las víctimas y victimarios. Revista de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/318596767_Reflexiones_sobre_el_delito_de_extorsion_y_los_procesos_cognoscitivos_que_se_desarrollan_en_las_victimas_y_victimarios
Fecha de acceso: 7 Jul. 2018.
Código Penal Colombiano [Código] (2000). Diario Oficial 44097
Cortes, M. (2015). Extorsiones telefónicas al alza en nueve países de América Latina. Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/920106.html
De la Calle, L. (2016). Economía de la Extorsión. [Online] Scribd. Disponible en: https://es.scribd.com/document/322767652/Economia-de-la-Extorsion-por-Luis-de-la-Calle Fecha de acceso: 6 Jul. 2018.
Kalmanovitz, S. (1999). Las instituciones colombianas en el siglo XX. Bogotá, Colombia: Banco de la República.
Norza-Céspedes, Ervyn, & Espino-Duque, Gloria Patricia. (2011). Criminalidad y análisis espacial de los delitos en Colombia, 2010. Revista Criminalidad, 53(1), 17-43. Retrieved July 10, 2018, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082011000100002&lng=en&tlng=es.
Villegas, O. (1995). La lucha contra la corrupción en Colombia. El Quindío: Un ejemplo de transparencia y eficiencia para el país. Documento de compromiso de los funcionarios de la administración de la Gobernación del Quindío. Bogotá, D. C.: Departamento Administrativo de la Función Pública, Presidencia de la República.
Jessica Tatiana Roncancio González*
Estudiante de Economía
Universidad Santo Tomás
Redactora de la sección Univer-Citario
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ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades
ISSN 2619-421X (en línea) octubre de 2019 No. 12