Diego Díaz Jiménez y Andrés Molina Metaute*

 

1. Introducción
Este documento presenta una guía de contingencia dirigida a instituciones educativas ubicadas en zonas de conflicto armado activo en Colombia. Su propósito es brindar orientaciones prácticas y efectivas para la protección de toda la comunidad educativa ante situaciones de riesgo. La guía se construye a partir de experiencias reales recogidas mediante entrevistas a docentes, directivos, estudiantes, padres de familia e instituciones, complementadas con reportes, informes, marco legal y guías construidas para tal fin con enfoques de gestión del riesgo. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta institucional, especialmente para aquellas instituciones que no cuentan con un protocolo o un plan escolar de gestión del riesgo formulado e implementado con efectividad, evitando acciones improvisadas o fuera del marco legal, y promoviendo decisiones centradas en la protección de la vida y la dignidad humana.

2. Metodología
La presente guía se desarrolló bajo la revisión de información secundaria disponible y que permitió realizar una lectura de contexto a nivel nacional e internacional, aunque estas fuentes de información serán tomadas como marco de referencia, esta guía se alimentó principalmente con entrevistas semiestructuradas a diferentes actores de la comunidad educativa (docentes, directivos docentes, etc.) de diferentes zonas del país que en la actualidad se encuentran en conflicto armado activo, tales como, el Urabá, Noroccidente Antioqueño, Sur del Cesar y Catatumbo.

La información recolectada se analizó mediante identificación de aspectos comunes, patrones, lecciones aprendidas y vacíos institucionales, los cuales fueron transformados en acciones concretas para la prevención, manejo y reparación de la comunidad educativa ante hechos bélicos que las afecten. Por seguridad de los entrevistados se garantiza su anonimato y el manejo responsable de la información.

3. Contexto y caracterización del riesgo
La historia reciente del conflicto armado en Colombia, que, para la fecha de la construcción de esta guía, supera los 50 años, donde los protagonistas son las comunidades civiles, guerrillas, paramilitares y bandas criminales, han desarrollado acciones que hoy dejan millones de personas víctimas en todo el país, De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, (2024) desde inicios del conflicto armado en el país, se han reconocido más de nueve millones de víctimas. Durante 1994 y 2023 se registraron 4491 masacres que derivaron en más de 26 mil víctimas directas, hechos atribuidos de menor a mayor proporción a: paramilitares (47 %), guerrillas (17 %) y agentes del Estado (8 %), el restante 28 % restante se atribuye a otras clasificaciones de grupos armados. La Comisión de la Verdad (2022) presentó un informe final que revela la cantidad de víctimas que ha dejado el conflicto. este informe reconoció que el 80% de las muertes presentadas en el marco del conflicto armado fueron civiles y el 20% combatientes. dentro de los hechos victimizantes se encuentran desplazamiento, amenazas, homicidio, tortura, exilio, desaparición, despojo, secuestro, atentado, violencia sexual, ataque indiscriminado, detención arbitraria, extorsión, confinamiento, pillaje, ataque a bien protegido, trabajo y reclutamiento forzosos.

Esto evidencia la gran huella que ha dejado el conflicto armado en el país, donde los más afectados siguen siendo los civiles, que en el desarrollo de esta guía nos centraremos, en como estas acciones han afectado a la población más joven, que según la Unidad de Victimas (2023) los niños y las niñas han sido de forma directa o indirectamente víctimas de las afectaciones que se han presentado en el marco del conflicto armado. Mas de 3.707.111 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, sufrieron un hecho victimizante entre los 0 y 17 años, como secuestro, vulneración de las escuelas, violencia sexual, falsos positivos, desplazamiento y reclutamiento forzado, El mismo informe de la Comisión de la Verdad reveló que se registraron más de 16 mil casos de reclutamiento de menores desde 1990 hasta el 2017, pero se estima que el total de niños, niñas y adolescentes podrían superar los 30 mil.

De acuerdo con los informes revisados y las declaraciones recibidas, las escuelas del país que se encuentran zonas de conflicto armado activo enfrentan múltiples amenazas, asimismo, datos de la UNICEF (2025), reconocen que en el periodo entre el 2020 y 2024, La ONU pudo verificar más de 150 ataques y afectaciones por uso militar de escuelas colombianas, las afectaciones incluyen amenazas y ataques directos a los profesores, artefactos explosivos (minas antipersonales, Artefactos Explosivos Improvisados,
Municiones Sin Explotar), hostigamientos armados, restricciones de movilidad, reclutamiento forzado, y daños a la infraestructura escolar. En múltiples ocasiones utilizando la escuela como escondite, para pernoctar o realizar diferentes actividades no relacionadas con la escuela. asimismo, en 2024, Naciones Unidas verificó la cifra más alta, con 27 casos de ataques y 35 de uso militar, “lo que equivale a que cerca de cada seis días, una escuela fue atacada o utilizada por grupos armados”, se estima que se presentaron alrededor de 7.024 estudiantes y docentes.

Según el Reporte anual de escuelas seguras del Consejo Noruego para Refugiados (NRC. 2026), durante el 2025 se registraron 83 ataques que tuvieron afectaciones a 104 sedes educativas 3. aproximadamente 61 de estas ocurrieron dentro de las instituciones educativas (58%) y el restante 42% en los caminos hacia las escuelas. Asimismo, reconoce que los tres departamentos con mayor número de ataques a la educación fueron Norte de Santander, Arauca y Chocó, asimismo, los municipios de Bajo Baudó, Tibú, Argelia, Tame, Arauquita, El Tarra, Ocaña, Puerto Rondón, El Zulia y Teorama.

Este mismo reporte y corroborado con las entrevistas se reconoció que la nueva modalidad de uso de drones ha afectado a las instituciones educativas, aún se encuentran campos minados a menos de 100 metros de las escuelas, los actores llegan regularmente a las instituciones educativas a reclutar los menores de edad, y los docentes, principalmente los rurales más distantes, piden traslados ya sea por amenaza directa contra ellos o por miedo. Paradójicamente, de acuerdo con las declaraciones recibidas, la presencia de grupos guerrilleros en instituciones educativas también tuvo que ver con la entrega de kits escolares, materiales pedagógicos, y celebración de días especiales y similares, especialmente en zonas del Catatumbo.

4. Enfoque legal y de derechos
El ordenamiento jurídico colombiano se fundamenta en la noción de Estado Social de Derecho, consagrada en la Constitución Política de Colombia de 1991, lo cual implica que todas las actuaciones de las autoridades, incluidas las instituciones educativas, deben orientarse a la garantía efectiva de los derechos fundamentales y al respeto de la dignidad humana. En este sentido, el artículo 2 establece como fines esenciales del Estado la garantía de los derechos, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 2). Esta base constitucional se articula con el sector educativo a través de la Ley 115 de 1994, que define la educación como un proceso de formación permanente, personal, 2 cultural y social fundamentado en la dignidad humana, los derechos y los deberes (Ley 115, 1994, art. 1). De igual manera, el Decreto 1075 de 2015 compila la normativa reglamentaria del sector y establece lineamientos para la organización, funcionamiento y garantía del servicio educativo.

En relación con el derecho fundamental a la vida, el artículo 11 de la Constitución establece que este es inviolable (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 11). Este mandato se articula con el sistema educativo en la medida en que la Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a la vida y a los derechos humanos (Ley 115, 1994, art. 5). A su vez, el Decreto 1075 de 2015 dispone la obligación de las instituciones educativas de adoptar medidas de protección integral, lo que incluye la implementación de manuales de convivencia y protocolos orientados a garantizar la seguridad de los estudiantes. En contextos de conflicto o riesgo, estas disposiciones obligan a las instituciones a diseñar estrategias de prevención, activar rutas de atención y evitar cualquier acción que pueda poner en peligro la vida de los miembros de la comunidad educativa. En consecuencia, las instituciones no pueden tolerar situaciones de violencia ni justificar prácticas que comprometan este derecho fundamental.

Por su parte, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 12 de la Constitución, prohíbe toda forma de trato cruel, inhumano o degradante (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 12), mientras que el artículo 44 establece la protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 44). Estas disposiciones encuentran desarrollo en la Ley 115 de 1994, la cual establece que la educación debe propiciar el respeto por la dignidad humana y la formación integral del estudiante. Asimismo, el Decreto 1075 de 2015 regula aspectos relacionados con la convivencia escolar, señalando que los manuales de convivencia deben garantizar el debido proceso, el respeto por los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. Desde esta perspectiva, se excluyen prácticas como castigos físicos, sanciones humillantes o cualquier forma de violencia institucional. En consecuencia, las instituciones educativas deben implementar estrategias pedagógicas, activar rutas de protección frente a situaciones como el acoso escolar o la violencia intrafamiliar, y garantizar entornos seguros para el desarrollo integral de los estudiantes.

En cuanto al derecho fundamental a la educación, el artículo 67 de la Constitución establece que esta es un derecho de la persona y un servicio público con función social (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67). Esta disposición se desarrolla ampliamente en la Ley 115 de 1994, que regula la organización del servicio educativo y establece sus fines, entre los cuales se destacan la formación en derechos humanos, la paz y la democracia (Ley 115, 1994, art. 5). Por su parte, el Decreto 1075 de 2015 establece los parámetros para la prestación del servicio educativo, incluyendo condiciones de calidad, permanencia y acceso. En este marco, las instituciones educativas no solo cumplen una función académica, sino que actúan como garantes de derechos, lo que implica la creación de ambientes protectores, inclusivos y seguros. En contextos de conflicto, la educación adquiere un papel estratégico como herramienta de protección, resiliencia y construcción de paz.

Un aspecto fundamental del enfoque legal es la diferenciación entre la legítima defensa y la justicia por mano propia. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce la legítima defensa como una figura excepcional del derecho penal, pero prohíbe la justicia por mano propia, en tanto vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 29). En el ámbito educativo, esta distinción adquiere especial relevancia, ya que la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 establecen que los procesos disciplinarios escolares deben regirse por principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. En consecuencia, ningún miembro de la comunidad educativa puede ejercer castigos físicos, tomar represalias o sustituir a las autoridades judiciales. Por el contrario, las instituciones deben activar las rutas institucionales correspondientes, con el apoyo de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional de Colombia, garantizando la protección de los derechos y la resolución pacífica de los conflictos.

Finalmente, las instituciones educativas deben ser entendidas como espacios civiles de especial protección. Esta concepción se fundamenta en la prevalencia de los derechos de los niños (art. 44) y en el deber del Estado de garantizar la convivencia pacífica (art. 2). La Ley 115 de 1994 refuerza esta idea al establecer que la educación debe desarrollarse en ambientes que favorezcan la formación integral y la protección del estudiante, mientras que el Decreto 1075 de 2015 exige la implementación de proyectos educativos institucionales (PEI) y manuales de convivencia que respondan a las necesidades del contexto. En este sentido, las instituciones educativas deben evitar cualquier forma de uso indebido de sus espacios, garantizar la neutralidad frente a dinámicas de violencia y adoptar planes de gestión del riesgo que protejan a la comunidad educativa.

En síntesis, el marco constitucional y normativo del sector educativo colombiano exige que la actuación de las instituciones educativas se encuentre estrictamente enmarcada en la legalidad y orientada a la garantía efectiva de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la educación. En consecuencia, estas instituciones no pueden operar como escenarios de sanción violenta ni de control coercitivo, sino como espacios de protección integral, formación en derechos humanos y construcción de paz, especialmente en contextos afectados por el conflicto.

5. Análisis de experiencias
Las entrevistas realizadas evidencian que la comunidad educativa en general, especialmente los docentes en zonas rurales que no solo son profesores, sino que desarrollan diferentes roles, enfrentan las amenazas y situaciones de riesgo asociadas al conflicto armado desde la lógica de la autoprotección, improvisación y adaptación al contexto. En la mayoría de los casos, las decisiones se tomaron de forma individual, sin respaldo institucional inmediato, debido a la imposibilidad geográfica, las distancias entre la sede rural y la principal, la falta de conectividad y la ausencia de lineamientos y/o protocolos claros de actuación.

Se pudo reconocer que, frente a la presencia de los diferentes actores armados, los docentes adoptan de forma empírica posturas de neutralidad, imparcialidad, no confrontación y manejo prudente de la interacción, buscando siempre priorizar su propia seguridad y la de sus estudiantes. En situaciones de hostigamiento o enfrentamiento armado, la reacción más común es el resguardo inmediato dentro de las instalaciones de la escuela, tirándose todos al suelo de forma instintiva, y la contención emocional de los estudiantes por parte de un docente que también tiene que gestionar sus emociones para evitar perder el control del evento, con estas acciones también buscan evitar desplazamientos que puedan incrementar el riesgo.

Al analizar las entrevistas, se identifican los siguientes puntos comunes:

• Problema: Falta de protocolos claros y socializados para docentes nuevos en contextos de conflicto activo
  Testimonio: “No socializaron ese tipo de protocolos… lo único que tuvimos fue capacitaciones sobre la modalidad educativa…”
  Lección: Es fundamental contar con protocolos específicos, contextualizados y conocidos por todos toda la comunidad educativa, principalmente los docentes de zonas rurales donde el conflicto puede ser más álgido y tienen que asumir diferentes roles, estos protocolos deben dar información suficiente sobre la forma en cómo actuar ante diferentes eventos derivados de acciones propias del conflicto armado.
• Problema: Toma de decisiones autónomas e individuales en contextos de alto riesgo
  Testimonio: “Yo tomaba las decisiones porque la conexión con directivos puede demorar horas o días.”
  Lección: Se requiere fortalecer la estructura para la toma de decisiones, estableciendo rutas claras, especialmente en ausencia de la posibilidad de una comunicación inmediata con los directivos docentes, siempre sin perder del foco la legitimidad de los rectores de las instituciones educativas.
• Problema: Reacciones improvisadas ante situaciones de riesgo crítico
  Testimonio: “Hacemos simulacros como muy autodidactas… como creemos que podemos proteger a los niños.”
  Lección: Se necesita fortalecer los procesos de capacitación y la generación de simulacros estructurados que se aproximen a eventos reales o que se hayan presentado en el pasado, esto es un factor determinante para reducir la improvisación y con ello mitigar los riesgos.
• Problema: Insuficientes habilidades y herramientas para el manejo emocional de los estudiantes, asimismo, para la preparación y adaptación de docentes nuevos en contextos de conflicto.
  Testimonio: “Lo más difícil es controlar las emociones… unos quieren correr, otros gritar.”
  Lección: Se necesita fortalecer las capacidades de gestión emocional del aula en situaciones de crisis, esto incluye a la totalidad de la comunidad educativa, principalmente para docentes multigrados y los estudiantes más pequeños, adicional, se necesita fortalecer habilidades en manejo y primeros auxilios psicológicos.
• Problema: Tendencia a la normalización de la violencia como mecanismo de adaptación al contexto de conflicto
  Testimonio: “Estas cosas se vuelven normales, lo cual no debería suceder.”
  Lección: Es importante desarrollar acciones de acompañamiento psicosocial/ emocional para evitar la normalización de la violencia, las amenazas y las diferentes situaciones de riesgo relacionadas con el conflicto armado.
• Problema: Vulneración y exposición del docente ante la presión o intimidación
  Testimonio: “Me sentí expuesto cuando empezaron las preguntas personales.”
  Lección: Aunque este problema es uno de los más difíciles de abordar, los entrevistados recomiendan definir límites claros, incorporando estrategias seguras de interacción con actores externos que busquen demostrar neutralidad e imparcialidad.
• Problema: Falta de conocimiento y comprensión del contexto del directivo o docente, especialmente los nuevos.
  Testimonio: “Nadie nos dijo a qué nos íbamos a enfrentar en ese ambiente.”
  Lección: Es determinante y un factor clave que haya una inducción previa al ingreso a la institución educativa en un territorio de conflicto activo, el cual debe ser oportuno, confiable y verás.

Estos hallazgos permiten reconocer que, aunque existen capacidades adoptadas basadas en la experiencia de los docentes, especialmente los de escuela nueva, la respuesta institucional es insuficiente e inoportuna. Por tanto, se justifica la elaboración de una guía de contingencia semiestructurada, que brinde orientaciones puntuales y claras que busquen reducir la improvisación y promueva el fortalecimiento de la protección de la comunidad educativa en general.

6. Guía de contingencia

6.1 Antes del evento

El objetivo principal de las acciones, estrategias y herramientas ejecutadas antes de la ocurrencia de un evento es buscar la reducción del riesgo, mitigación de las amenazas y el fortalecimiento de las capacidades de prevención de la comunidad educativa. Las entrevistas demostraron una debilidad estructural en la preparación previa, caracterizada por la ausencia de protocolos claros, adecuada inducción y contextualización territorial y falta de preparación y capacitación para afrontar las emergencias. Retomando las lecciones aprendidas se reconoce que:

• La prevención no puede depender de la experiencia individual adquirida una vez se vive el evento.
• El conocimiento del contexto territorial es un factor clave para reducir riesgos.
• La preparación de la comunidad educativa e institucional debe ser anticipada y abordarse de forma sistemática, no como eventos aislados sin conexión.

Acciones:

• Diseñar y socializar protocolos claros y aterrizados de actuación frente a presencia de actores armados, presentación o indagación del personal docente por parte de los grupos armados, enfrentamientos armados, riesgos por minas antipersonales en inmediaciones a las instituciones educativas y demás riesgos identificados relacionados con el conflicto armado.
• Desarrollar procesos de formación e inducción territorial obligatoria para docentes nuevos.
• Desarrollo de simulacros periódicos adaptados a escenarios reales de conflicto.
• Establecer la estrategia para la asignación y/o establecer un líder de evacuación y manejo de la emergencia.
• Identificar y señalizar: Rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas seguras dentro de la institución.
• Construir y fortalecer relaciones con la comunidad, especialmente con las juntas de acción comunal, que permitan identificar y comprender las dinámicas locales.
• Dotar a las instituciones de botiquines de primeros auxilios y kits comunitarios de evacuación ante emergencia (camilla, linternas, megáfono, pitos, chaleco de líder de evacuación, entre otros)
• Establecer la cadena escolar de llamadas en caso de emergencias, que incluya un directorio de organismo de socorro.

Capacitar en:

✔ Gestión del riesgo: debe desarrollar aptitudes que permitan identificar, analizar, evaluar y mitigar amenazas que tienen el potencial de generar daños a bienes, servicios, recursos naturales o a las personas.
✔ Primeros auxilios: con estos se busca capacitar para la atención inmediata, temporal y básica brindada a una persona enferma o lesionada en el lugar del accidente, antes de la llegada de ayuda profesional o el traslado a un centro médico.
✔ Primeros auxilios psicológicos (PAP): orientan de como brindar una respuesta humana de apoyo inmediato (no terapia) para personas afectadas por eventos críticos, y propende por estabilizar emocionalmente, reducir el estrés y conectar con ayuda. Deben estar basados en tres principios de acción: Observar, Escuchar y Vincular.

6.2 Durante el evento

La atención y manejo de las situaciones asociadas al conflicto armado comprenden la preparación, la respuesta inmediata y la protección de la comunidad educativa, siempre orientados a salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de estudiantes y docentes. Incluye acciones como el confinamiento, la evacuación segura, y la activación de rutas de atención.

Durante las emergencias, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se evidenciaron riesgos asociados al “no saber cómo actuar” que promueven la improvisación, exposición innecesaria y riesgosas, y reacciones emocionales descontroladas, especialmente por parte de los estudiantes de menor edad y docentes nuevos. Retomando las lecciones aprendidas se reconoce que:

La autoprotección de los docentes y de los estudiantes es prioritario.
Evitar la confrontación con los actores armados reduce el riesgo, especialmente las amenazas a los docentes.
La gestión emocional del aula es clave para proteger a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

Qué hacer:

• Tomar el rol de liderazgo, el cual será el responsable de coordinar la respuesta, brindar instrucciones claras y mantener el control del grupo
• Mantener la calma y transmitir tranquilidad a los estudiantes, evitando perder el control de la situación.
• Seguir las rutas de evacuación previamente definidas y la señalización establecid
• Garantizar que los estudiantes se resguarden en zonas seguras (debajo de pupitres o espacios protegidos).
• Evitar correr o realizar desplazamientos innecesarios que incrementen el riesgo, especialmente durante situaciones de enfrentamiento armado
• Mantener siempre agrupados a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, sin perder su supervisión para evitar que estos se expongan a riesgos innecesarios.
• Aplicar técnicas básicas de autogestión y regulación emocional, teniendo en cuenta los tres principios de acción: Observar,
• Escuchar y Vincular.
• En lo posible aislar a los estudiantes de situaciones que puedan generar afectación emocional (ejemplo conversaciones con actores armados, observar el enfrentamiento, reconocer los herido, entre otros).

Qué no se debe hacer:

• Confrontar actores armados
• Salir corriendo sin una ruta segura definida.
• Exponer a los estudiantes a información sensible o situaciones de tensión.
• Tomar decisiones impulsivas sin evaluar el contexto o el evento que se está presentando.

6.3 Después del evento

Las acciones por desarrollar después del evento deben buscar la recuperación, entendiendo esta como un proceso integral que comprende la rehabilitación psicosocial, el restablecimiento de derechos y de las condiciones educativas, y el fortalecimiento institucional. En esta etapa no solo se busca retornar a la normalidad, sino el fortalecimiento de la resiliencia a través de un proceso de evaluación que permita identificar las lecciones aprendidas, y las estrategias para la reducción de la vulnerabilidad.

Se evidencio que existen vacíos importantes en el acompañamiento posterior a los eventos, especialmente en el ámbito psicosocial. Retomando las lecciones aprendidas se reconoce que:

• La aplicación de primeros auxilios debe ser una formación obligatoria para los docentes, especialmente los que se encuentran en zonas de conflicto armado activo.
• La recuperación emocional de la comunidad educativa es tan importante como la protección física.
• La ausencia de acompañamiento puede generar normalización del riesgo, lo que promueve la exposición innecesaria ante los eventos.
• La comunicación institucional oportuna, especialmente entre sedes rurales y urbanas, es fundamental, al igual que la comunicación con las familias para restablecer la confianza y garantizar una respuesta coordinada

Acciones:

• Brindar primeros auxilios a las personas heridas y solicitar atención médica de manera inmediata.
• Activar las rutas de atención y acompañamiento psicosocial para los estudiantes, docentes y familias.
• Informar oportunamente a los directivos de la institución, en caso de no ser la sede principal, y a los padres de familia sobre lo ocurrido.
• Por parte de los directivos de la institución educativa ejecutar las acciones establecidas en el protocolo, o en caso de no tenerlo, las directrices contenidas dentro del Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras.
• Generar espacios que permitan el dialogo entre los afectados para favorecer la contención emocional.
• Realizar la evaluación del evento y registrar los aprendizajes que permitan fortalecer la gestión del riesgo
• Restablecer progresivamente las actividades escolares.

7. Ruta de atención y articulación institucional

Las entrevistas evidencian que la articulación institucional es limitada o depende de iniciativas individuales, lo cual incrementa el riesgo. La atención efectiva de emergencias requiere coordinación entre múltiples actores institucionales, para ello se propone la siguiente ruta, la cual busca garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes, principalmente los que se encuentran en sedes rurales:

Primer nivel: institucional
Docente informa al directivo (rector o coordinador de la institución).
El directivo activa el protocolo interno o la ruta de atención establecida.

Segundo nivel: municipal
Se realiza reporte al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quien debe:
Articular con el Consejo de Seguridad Municipal, Personería, Defensoría del pueblo, Fuerza Pública, Organismos de socorro y atención de emergencias, Secretaría de Educación municipal (para municipios certificados) o Secretaría de Educación Departamental y demás actores relevantes a nivel municipal

Tercer nivel: respuesta externa
Activación de entidades de apoyo:

✔ Unidad Nacional y/o los departamentos de gestión del riesgo de desastres del departamento
✔ Ministerio de Defensa
✔ Ministerio de Educación Nacional
✔ Instituciones de salud
✔ Organismos de socorro (según el alcance del evento)
✔ Y demás instituciones relevantes a nivel nacional/departamental

Recomendaciones:

• Se deben establecer canales de comunicación claros y seguros que permitan fortalecer la coordinación previa entre instituciones y con la comunidad.
• Evitar acciones que puedan generar riesgos adicionales, por ejemplo, la comunicación directa del docente con las fuerzas públicas, rompiendo con el protocolo anteriormente sugerido.
• Establecer roles y responsables antes del desarrollo de los eventos producto del conflicto armado.

8. Propuestas de fortalecimiento

A partir de las debilidades identificadas, se proponen las siguientes acciones puntuales:

• Establecer un programa de capacitación orientado a la formación en gestión del riesgo en contextos de conflicto armado, manejo emocional y primeros auxilios psicológicos, y toma de decisiones en escenarios críticos.
• Desarrollar jornadas de simulación y/o simulacros específicos adaptados a los diferentes escenarios específicos del contexto.
• Fortalecer las capacidades institucionales a través de:
  ✔ Construcción participativa de los Planes de Gestión Integral del Riesgo Escolar (PGIRE) que tengan en cuenta este tipo de amenazas.
  ✔ Formación y socialización permanente de protocolos establecidos para atender las diferentes emergencias.
  ✔ La reducción de acciones improvisadas mediante herramientas prácticas como los simulacros.
  ✔ Dotación de un kit de atención de emergencias y evacuación comunitaria.
• Promover la articulación comunitaria entre la institución educativa y su contexto mediante:
  ✔ Integración con los líderes comunitarios, especialmente con las Juntas de Acción Comunal.
  ✔ Procesos efectivos de empalme entre docentes entrantes y salientes.
  ✔ Reconocimiento del conocimiento local como insumo de protección que deben ser incorporados en el plan de gestión del riesgo y sus protocolos.

9. Material de consulta recomendado

         ✔ Pieza del mes de septiembre de 2022: Exposición ‘Silencios’ en el Museo Pedagógico Colombiano. El sentir de la escuela se resiste a la guerra http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/category/escuela-y-conflicto-armado/
        ✔ Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto armado https://rutasdelconflicto.com/especiales/escuelas/
        ✔ La escuela un lugar de lugares: testimonios de niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto en Colombia. https://www.redalyc.org/journal/270/27065158007/html/

10. Entrevistas

Escanea el código QR para acceder a las entrevistas que dieron origen a esta guía.

 

Si deseas aportar al fortalecimiento de este instrumento, puedes compartir tu testimonio y experiencia. Tu voz es clave para seguir construyendo entornos educativos más seguros

11. Conclusiones

Las instituciones educativas en contextos de conflicto armado enfrentan escenarios complejos caracterizados por la incertidumbre, la exposición al riesgo y la limitada capacidad de respuesta institucional. Sin embargo, también se consolidan como espacios fundamentales de protección, contención y resiliencia comunitaria, especialmente de los niños que encuentran en ellas un sitio seguro.

Los principales desafíos identificados incluyen la falta de protocolos claros, la ausencia de capacitación, la toma de decisiones individuales en contextos críticos y la limitada atención psicosocial posterior a los eventos.

A pesar de ello, los docentes desarrollan estrategias adaptativas basadas en la experiencia, la prudencia y el conocimiento del territorio, lo cual constituye una base valiosa para la construcción de herramientas institucionales más sólidas.

En este contexto, la preparación, la actuación informada y la centralidad de la vida, la dignidad humana y el bienestar emocional deben orientar cualquier respuesta. La construcción e implementación de una guía de contingencia no solo es necesaria, sino urgente, para garantizar entornos educativos más seguros en medio del conflicto.

Referencias:

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2024). Hoy las víctimas son más de nueve millones. https://centrodememoriahistorica.gov.co/hoy-las-victimas-son-mas-de-nueve-millones/
Comisión de la Verdad. (2022). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
Consejo Noruego para Refugiados (NRC.2026). Reporte escuelas seguras enero - diciembre del 2025. https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2026/03/260309_VF_Reporte_escuelas_seguras_2025.pdf
Constitución Política de Colombia de 1991. (1991). Bogotá: Congreso de la República de Colombia.
Decreto 1075 de 2015. (2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ley 115 de 1994. (1994). Por la cual se expide la Ley General de Educación. Congreso de la República de Colombia.
UNICEF. (2025). Proteger la educación de ataques. https://www.unicef.org/colombia/proteger-la-educacion-de-ataques2025
Unidad para las Víctimas. (s. f.). Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado: afectaciones más allá del reclutamiento. https://www.unidadvictimas.gov.co/ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-conflicto-armado-afectaciones-mas-alla-del-reclutamiento/

Diego Díaz Jiménez y Andrés Molina Metaute*
Estudiantes de la Maestría en Educación Sostenible y Gestión Ambiental Territorial
Universidad Santo Tomás

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.
ARTE-FACTO- Revista de Estudiantes de Humanidades ISSN 2619-421X (en línea), enero-junio 2026 No. 33