
David José Cantillo, William Camilo López, Fabián Andrés Urbina y Diego Fernando Vargas*
El servicio de transporte terrestre individual de pasajeros en Colombia, constituye un bien de interés público y, por tanto el Estado Colombiano ha definido sus funciones, regulación, vigilancia y control, bajo los principios de eficiencia, seguridad, oportunidad y economía. Sin embargo, en el país, dicho ejercicio regulatorio fue trasladado a las empresas de taxis y éstas a su vez, trasladaron, tanto la responsabilidad como los riesgos propios del servicio, al propietario del vehículo y/o al conductor, generando deficiencias en su prestación, afectando la calidad del mismo, y en especial, comprometiendo la seguridad de los pasajeros (Contraloría de Bogotá, 2005).
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