
Andrés Felipe Ospina Galindo*
El Acuerdo de Escazú marca un antes y un después en la relación entre ambiente, democracia y derechos humanos en América Latina. Más que un tratado ambiental, es una hoja de ruta para garantizar transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental en una región profundamente afectada por conflictos ecológicos y violencia contra defensores del territorio. Comprender su alcance —y el lugar particular que ocupa Colombia dentro de este proceso— es fundamental para evaluar los retos y oportunidades que implica su implementación.





